A través de la Resolución 268/2025, nos enteramos que el Intendente Carlos Albisu, inicio el procedimiento para obtener financiamiento a largo plazo, a través de un Fideicomiso Financiero de Oferta Pública u otra modalidad. Con tal fin contrata en forma directa, bajo la modalidad de arrendamiento, a un profesional, para la estructuración, implementación y seguimiento del proceso de obtención de financiamiento.
Antes del análisis económico-político de esta decisión, haremos algunas consideraciones sobre el procedimiento de contratación, que a nuestro parecer tiene vicios de forma. Las contrataciones con el estado, en este caso la Intendencia de Salto, está regulada por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la cual para la modalidad en que se está efectuando es una Compra Directa, por ser un monto menor a $ 987.000 (la contratación del profesional por parte de la Intendencia de Salto es de $ 610.000), pero para todas las Compras Directas se deberá contar al menos con tres cotizaciones, las que podrán recibirse vía email o por escrito. Solo en el caso de compras habituales que sean menores al 5% del límite de la Compra Directa, no será necesario realizar tres cotizaciones y este no es el caso. Si bien se está usando lo comprendido en el artículo 33, literal C del TOCAF, no existe en este caso ninguna excepción para la cotización de un solo proveedor, por lo que a nuestro entender se ha cometido un error que será observado por el Tribunal de Cuentas. También no se tiene en cuenta el Art. 50 del TOCAF, que establece la obligatoriedad de la publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, por parte de las administraciones públicas estatales, a todos los procedimientos competitivos correspondientes a contrataciones de obras, bienes y servicios.
En otro orden, se instruye al contratado a estudiar la obtención de fondos a través de deuda a largo plazo, entendemos que se estaría optando por un plazo mínimo de 30 años y por dicho plazo estimamos que se estaría manejando un monto de 60 millones de dólares.
El Fideicomiso Daymán, que actualmente restan 6 cuotas anuales, cuyo valor a la fecha es de aproximadamente U$S 6.200.000 al año y que resta pagar unos U$S 37.000.000 a valores actuales de la Unidad Indexada, tiene un peso sobre el presupuesto anual del 7,32 %.
Si consideramos un monto de U$S 60.000.000 a 30 años de plazo, en un ejercicio de cálculo tomando algunas cotizaciones de tasas que se manejan, tendríamos:
1. Se estaría duplicando el déficit acumulado actual (sin considerar intereses de deuda), trepando a los $ 4.450.000.000
2. La cuota del nuevo Fideicomiso rondaría los U$S 4.000.000 anuales, que sumada la cuota del FF Daymán, llevaría a un peso de deuda sobre el presupuesto anual del 13 %.
3. Esto limitaría las disponibilidades de los recursos económicos ya que las obligaciones anuales para el pago de la deuda afectaría el 60 % de los ingresos que se obtienen a través del SUCIVE
Los argumentos que se esgrimen en los documentos considerados para contraer deuda, son para cumplir cometidos constitucionales, legales y los compromisos contractuales que se imponen al organismo y la implementación de proyectos de desarrollo imprescindibles para el departamento. En sí, no especifica nada.
¿Hay necesidad de endeudar mas al pueblo salteños?, a nuestro entender no es necesario, a ver, si es por obras, se tiene proyectado en el FDI para el año 2026 la continuación de las obras de Barrio Artigas, barrios Umpierre, Dickinson, Barbieri y la Chinchurreta, bacheo de calles céntricas y mantenimiento de calles con riego asfaltico, la etapa 4 de avenida Apolón (de Rodo a Liber Seregni), refacción de la Biblioteca Municipal , adecuación de la Central Hortícola del Norte y otros proyectos aprobados de carácter social y de gestión. Además va a contar con fondos BID ya aprobados para la intervención integral del barrio Saladero y Costanera Sur y vinculado a esto, el fondo concursable adjudicado para la construcción del Centro Acuático Termal de Salto en el Cerro y los fondos del PCRP para caminería rural que están aprobados y para ejecutarse. Estos programas, exceptuando los del BID, son unos $ 270.000.000 anuales.
Hay que tener en cuenta además que el cese de los 292 funcionarios, le generara a la Intendencia un ahorro anual de $ 235.000.000, es decir que a partir del año 2026 la Intendencia tendrá disponibilidades por unos U$S 12.500.000, donde la mitad será en obra e inversiones y la otra de libre disponibilidad. En definitiva no hay necesidad de endeudarse ante esta perspectiva.
Pero desde nuestro rol de oposición también tenemos consideraciones, entre ellas los antecedentes del pasaje de Albisu en la gestión de CTM Salto Grande, donde es de público conocimiento su cuestionamiento por como llevo a cabo la administración del organismo y sin dudas, ante un endeudamiento millonario, sin hasta ahora conocerse los fines específicos, el también no tener control sobre el gasto de este préstamo, nos genera enormes dudas.
En síntesis, entendemos innecesario endeudar al pueblo salteño por 30 años o más, comprometiendo el desarrollo del departamento por toda una generación.
Esta es nuestra opinión.
Tec. Univ. Gustavo Chiriff / Frente Amplio
